Hace ya tiempo que he criticado la ausencia de una política pública adecuada de promoción de la industria de las nuevas tecnologías en nuestro país, destacando que el rol del estado como incubador de proyectos tecnológicos a través de ciertos subsidios y créditos no es suficiente para cumplir dicho propósito, mientras no existan beneficios tributarios directos que incentiven a los privado a invertir en investigación y desarrollo (R&D research and development).
Pues bien, durante las últimas semanas han sucedido varios acontecimientos que es necesario destacar y que demuestran que se están dando finalmente las señales correctas para posibilitar un marco


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