Delincuencia Inform�tica vs. Protecci�n de Datos Personales

Claudio Magliona — Mon, 27 Oct 2008 22:30:29 -0300

La publicación en Internet de cinco bases de datos pertenecientes a oficinas gubernamentales y privadas con información relativa a más de 6 millones de chilenos, reabrió el debate sobre la legislación necesaria para regular la interacción entre derecho y nuevas tecnologías. Fue posible leer comentarios y ver entrevistas que confundían la normativa sobre delincuencia informática con la normativa sobre protección de datos, por lo que aprovecharemos la oportunidad para aclarar las diferencias que existen entre esos 2 cuerpos normativos, que difieren en cuanto a sus efectos, justificaciones y objetivos.

La normativa sobre delincuencia informática tiene por objetivo proteger sistemas de tratamiento de la información (computador, servidores, redes, datos y programas computacionales) de actos tendientes a dañar ese sistema o sus partes o componentes o de actos tendientes a acceder a la información que en el se contiene. Aquí es irrelevante si la información es pública o privada o si es valiosa o no. Quien accede a un computador apropiándose de información sin contar con autorización comete delito bajo la ley 19.223 sobre delincuencia informática y queda expuesto a pena privativa de libertad. Esta normativa también sanciona al que comunica o revela los datos contenidos en un sistema sin autorización.

La normativa sobre protección de datos personales tiene por objetivo proteger el derecho de las personas a que sus datos personales no sean tratados, procesados o comunicados sin su autorización, salvo en aquellos casos en que se trata de datos recolectados de fuentes accesibles por el público. Aquí es relevante determinar la naturaleza de los datos y de que fuentes los datos fueron recolectados. Existe cierta información que una persona puede desear no compartir con la sociedad o compartir en parte. Por lo mismo, el administrador de una base de datos personales en que los datos han sido recopilados de fuentes no accesibles al público como por la entrega directa de datos por un usuario, tiene un deber de cuidado de los datos. El administrador de bases de datos que no cumple con su deber de cuidado de los datos debe indemnizar el daño causado a los titulares de los datos que no fueron protegidos diligentemente.

En el caso en cuestión y en materia de delincuencia informática, se accedió a bases de datos sin autorización, lo que constituiría un delito. Además, todo indicaría que la información de las bases de datos fue comunicada o revelada al público sin autorización, lo que también constituye un delito. Por su parte, en materia de protección de datos, todo indica que los administradores de bases de datos no habrían aplicado y cumplido son su obligación de cuidado de los datos que les fueron confiados. En delincuencia informática es irrelevante determinar si el dato es público o privado, a diferencia de la protección de datos, donde el hecho que los datos filtrados hayan sido recolectados de fuentes accesibles al público dejará sin derecho a entablar acciones legales a quienes aparezcan en esas bases.

Ahora, lo más importante es aprovechar la oportunidad para actualizar nuestros textos normativos logrando consensos en la necesidad de nueva legislación. En materia de delincuencia informática, donde nuestra ley data de 1993 cuando no existía Internet, debemos adoptar y sancionar los tipos penales que propone la convención sobre cybercrimen, a fin de lograr armonía con las leyes de otros países para perseguir estos delitos sin importar si el autor se encuentra en Chile o en otra parte del mundo. En materia de protección de datos, debemos regular la responsabilidad de los administradores de bases de datos, aprovechando experiencias internacionales, pero debemos siempre evitar la tentación de la sobre regulación. En materia de protección de datos la sobre regulación frena el intercambio comercial de bienes y servicios, privando a los actores de tener acceso a información necesaria para desarrollar el tráfico comercial. Impongamos mayores obligaciones a los administradores de bases de datos, pero no apresuremos la creación de un organismo público como una agencia de protección de datos, que además de generar mayor burocracia y carga en el desarrollo de iniciativas comerciales, puede provocar un freno a la circulación del bien más preciado de las sociedades modernas, como es la información.

Exceso de Propiedad Intelectual: �Incentivo u Obst�culo para el Desarrollo de Nuevas Tecnolog�as?

Claudio Magliona — Mon, 27 Oct 2008 23:20:16 -0300

Es por todos sabido que un buen indicador de desarrollo país radica no sólo en el porcentaje de recursos que un Estado destina a Investigación y Desarrollo (I+D), sino también en los marcos legales que despliega para el incentivo y protección de la propiedad intelectual.

En ese contexto, en estos días el Senado se encuentra abocado a modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Una correcta modificación debe lograr establecer un régimen de derecho que permita impulsar el crecimiento de la economía a través del desarrollo de tecnologías de la información y alcanzar los estándares necesarios para corregir prácticas como la piratería y el plagio, tan cuestionadas por el concierto internacional.

Ahora bien, es importante que los legisladores tomen en cuenta a la hora de la discusión legislativa, que una excesiva protección de la propiedad intelectual es un ingrediente que puede terminar limitando el desarrollo de las nuevas tecnologías y más grave aun, obstaculizar el acceso a tecnologías tan importantes como la banda ancha. Por lo mismo, se debe establecer con claridad no sólo el alcance de los derechos de autor sino que también, y muy importante, sus limitaciones y excepciones. En el mundo digital y de redes, donde el tráfico comercial y jurídico es constante, y motor de las economías, las carreteras digitales no pueden ser sometidas a la voluntad de la propiedad intelectual. El trafico de las carreteras digitales no sólo se compone de elementos protegidos por la propiedad intelectual, sino que muy por el contrario, se compone mayoritariamente de tráfico de la más variada naturaleza, desde simple información hasta complejas transacciones bursátiles y financieras.

En ese sentido, si una economía de información quiere ser exitosa, es necesario que el nuevo marco regulatorio incorpore una perspectiva equilibrada de los derechos de propiedad intelectual, protegiendo tanto a los desarrolladores como permitiendo el libre tráfico económico, comercial y legal.

La propiedad intelectual no debe ser sobre protegida, porque una sobre protección provocará que la propiedad intelectual sea utilizada para propósitos para los cuales no fue creada. El principal objetivo de la propiedad intelectual consiste en otorgar incentivos a los autores para que desarrollen, para que luego de un determinado espacio de tiempo, ese desarrollo entre al dominio público para que contribuya a su vez al desarrollo de nuevos productos. Olvidar el objetivo mencionado, convertirá a la propiedad intelectual en un obstáculo al acceso al conocimiento, limitando la posibilidad de Chile de ubicarse finalmente, dentro del selecto grupo de los países productores y exportadores de tecnología.

Incentivos Tributarios Para Investigaci�n y Desarrollo de Nuevas Tecnolog�as

Claudio Magliona — Tue, 03 Jun 2008 22:06:19 -0400

Hace ya tiempo que he criticado la ausencia de una política pública adecuada de promoción de la industria de las nuevas tecnologías en nuestro país, destacando que el rol del estado como incubador de proyectos tecnológicos a través de ciertos subsidios y créditos no es suficiente para cumplir dicho propósito, mientras no existan beneficios tributarios directos que incentiven a los privado a invertir en investigación y desarrollo (R&D research and development).

Pues bien, durante las últimas semanas han sucedido varios acontecimientos que es necesario destacar y que demuestran que se están dando finalmente las señales correctas para posibilitar un marco propicio para fortalecer el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país. Primero que todo cabe mencionar el lanzamiento de la estrategia digital por el gobierno, que establece un gran marco tecnológico abierto a los diversos sectores de nuestra sociedad, para por ejemplo fomentar el acceso a Internet. Luego, el gobierno a través de CORFO e Innova anunció una importante inyección de fondos para financiar proyectos tecnológicos en los distintos rubros de la economía.

Por último, y muy importante, se aprobó la ley 20.241 que establece finalmente un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo. Las empresas que declaren su renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría del ejercicio, equivalente al 35% del total de los pagos en dinero efectuados por concepto de contratos para investigación y desarrollo de conocimiento científico o tecnológico. La ley es excesivamente rígida y cargada de limitaciones, pero sin duda marca un importante hito para garantizar un rol protagónico de Chile en esta materia, más allá de ser un mero consumidor. El crédito solo se otorga si la empresa celebra el contrato de investigación y desarrollo con los denominados centros de investigación, que requieren el cumplimento de diversos requisitos y un registro previo con CORFO. Por otra parte, los contratos requieren ser certificados por CORFO para que sus flujos califiquen para el crédito y en dicho proceso CORFO inclusive tiene facultades para revisar si el precio del contrato refleja adecuadamente los costos del contrato. Todo lo anterior provoca que la empresa que decida crear un departamento interno de investigación y desarrollo no podrá gozar del crédito por los dineros destinados a dicha actividad. ¿Porque yo empresa no tengo el crédito tributario por investigar internamente y si lo tengo por encargar a terceros la investigación? Disposiciones como esta ponen en riesgo la efectiva aplicación de la ley.

Esperamos que esta ley sea el inicio de muchos incentivos por venir para facilitar el desarrollo de tecnologías en nuestro país y por supuesto, que sus limitaciones y rigidez sean corregidas a la brevedad para que una tan importante oportunidad no se pierda en registros previos, certificaciones de contratos y en la excesiva concentración de una actividad que debiendo ser accesibles por todos, termina concentrándose en unos pocos.