Hace ya tiempo que he criticado la ausencia de una política pública adecuada de promoción de la industria de las nuevas tecnologías en nuestro país, destacando que el rol del estado como incubador de proyectos tecnológicos a través de ciertos subsidios y créditos no es suficiente para cumplir dicho propósito, mientras no existan beneficios tributarios directos que incentiven a los privado a invertir en investigación y desarrollo (R&D research and development).

Pues bien, durante las últimas semanas han sucedido varios acontecimientos que es necesario destacar y que demuestran que se están dando finalmente las señales correctas para posibilitar un marco propicio para fortalecer el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país. Primero que todo cabe mencionar el lanzamiento de la estrategia digital por el gobierno, que establece un gran marco tecnológico abierto a los diversos sectores de nuestra sociedad, para por ejemplo fomentar el acceso a Internet. Luego, el gobierno a través de CORFO e Innova anunció una importante inyección de fondos para financiar proyectos tecnológicos en los distintos rubros de la economía.

Por último, y muy importante, se aprobó la ley 20.241 que establece finalmente un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo. Las empresas que declaren su renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría del ejercicio, equivalente al 35% del total de los pagos en dinero efectuados por concepto de contratos para investigación y desarrollo de conocimiento científico o tecnológico. La ley es excesivamente rígida y cargada de limitaciones, pero sin duda marca un importante hito para garantizar un rol protagónico de Chile en esta materia, más allá de ser un mero consumidor. El crédito solo se otorga si la empresa celebra el contrato de investigación y desarrollo con los denominados centros de investigación, que requieren el cumplimento de diversos requisitos y un registro previo con CORFO. Por otra parte, los contratos requieren ser certificados por CORFO para que sus flujos califiquen para el crédito y en dicho proceso CORFO inclusive tiene facultades para revisar si el precio del contrato refleja adecuadamente los costos del contrato. Todo lo anterior provoca que la empresa que decida crear un departamento interno de investigación y desarrollo no podrá gozar del crédito por los dineros destinados a dicha actividad. ¿Porque yo empresa no tengo el crédito tributario por investigar internamente y si lo tengo por encargar a terceros la investigación? Disposiciones como esta ponen en riesgo la efectiva aplicación de la ley.

Esperamos que esta ley sea el inicio de muchos incentivos por venir para facilitar el desarrollo de tecnologías en nuestro país y por supuesto, que sus limitaciones y rigidez sean corregidas a la brevedad para que una tan importante oportunidad no se pierda en registros previos, certificaciones de contratos y en la excesiva concentración de una actividad que debiendo ser accesibles por todos, termina concentrándose en unos pocos.